CONTRATACIÓN ESTATAL: CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Por Contratación Estatal se entiende el “Conjunto de normas, principios y procedimientos, que regulan, orientan y gobiernan las relaciones jurídico negociales entre el Estado y los particulares, o entre entidades Estatales en el evento del contrato interadministrativo”[1]. Esta actuación es de carácter administrativo, y en ella ocurre un grueso de gasto público.

Quizá por esta razón, es una de las actividades administrativas, en las que infortunadamente, más actos de corrupción se presentan, ya que por regla general el contrato administrativo es oneroso, es decir, hay inversión o gasto de recursos públicos, lo que resulta la oportunidad del corrupto para obtener el beneficio, generalmente mediante la promesa de adjudicar el contrato a cambio de lo que en el argot popular se conoce como el “CVY”[2] el “Diezmo”[3], el “Divino Niño”[4], en fin, la utilidad ilegal del agente corrupto.

Esto sucede por varias causas, dentro de las cuales considero:

El maquiavelismo público. El fin justifica los medios cuando se trata de obtener ventaja económica, social o política, ya que la corrupción en esta actividad no solamente sucede para obtener una ganancia pecuniaria, sino también política, como captar votos o pagar favores proselitistas, y para obtener posiciones sociales o incursionar en ambientes determinados.

La anti ética de lo público. La Constitución Política define a las personas vinculadas al Estado en las categorías de empleados públicos, trabajadores oficiales y miembros de las corporaciones públicas, como servidores públicos, es decir, al servicio de los demás desde la administración pública. Sin embargo, no siempre las personas ética e intelectualmente formadas para el servicios, son vinculadas a los cargos administrativos o de elección popular, sino que infortunadamente asumen el ejercicio de lo público sin la convicción de que el interés general prevalece sobre el interés particular, y despliegan sus actuaciones despojadas de ética, por lo que el empleo público resulta no una oportunidad de servicios, sino una oportunidad de obtener beneficios personales de manera ilegal e inmoral.

La corrupción colectiva. El sector público está tan permeado por la corrupción, que tanto el particular, como el servidor, actúan convencidos de la ilegalidad pero también de la permisividad social ante la corrupción.

Impunidad. Muy seguramente son más los corruptos que los sancionados por corrupción. El agente corrupto cuenta con una gran probabilidad de no ser descubierto, de no ser denunciado y de no ser sancionado, por cuanto:

a. Se ha generalizado en el país la aseveración de que “hecha la ley hecha la trampa”, toda vez que pese a la rigurosidad de las normas y la claridad de los procedimientos administrativos que deben aplicarse sobre todo en los procesos de selección objetiva de contratistas, los agentes corruptos desarrollan estrategias para eludir esos procedimientos con miras a la obtención de beneficios personales tan sofisticados que no dejan cabo suelto que ponga en evidencia su actuación ilegal, a lo que se aúna su bajo nivel de responsabilidad en la actuación.

b. Cuando un oferente es constreñido a dar u ofrecer una dádiva, dinero o beneficio a un servidor público por resultar beneficiado por ejemplo para la adjudicación de un contrato, se abstiene de denunciar por dos situaciones peculiares. La primera, es que si lo hace, la entidad “le cerrará las puertas” por una solidaridad en la corrupción que se ha institucionalidad. La segunda, es que si dio u ofreció, al denunciar, resultaría también implicado porque también cometió un delito. Estas condiciones facilitan la corrupción y sobre todo la recurrencia en actos ilegales, ya que el agente corrupto cuenta con la garantía de no ser denunciado.

c. Lo público es de todos, pero para el corrupto, no es de nadie y por eso puede disponer de ello a su arbitrio. La razón, se la da la indiferencia social ante el uso o la dilapidación indebida de los bienes y recursos de la colectividad, que ocurre o por mera apatía o por ignorancia.

d. En los eventos en que el corrupto es denunciado o descubierto, se encuentra ante dos condiciones que le son favorables. La primera, es la corrupción del sistema de justicia, el operador disciplinario y fiscal, y la segunda, la falta de especialización de los cuerpos investigativos y funcionarios de los órganos de control. Explico esta segunda circunstancia: Generalmente el fiscal que investiga un delito contra la administración pública es especialista en derecho penal, pero no es experto en derecho administrativo.

La práctica administrativa se ha caracterizado por ser una actuación corrupta, con sus obvias excepciones, pero lo relevante, es que estos actos son de notoria ocurrencia y sin embargo, siguen siendo parte del menú de lo público. Nuestro Código Penal ha tipificado de marras las conductas que se enmarcan en el concepto de corrupción; entonces, no se trata de escases normativa, pues cada conducta está plenamente identificada, tipificada y sancionada por el legislador, pero lo público sigue feriándose.

Transparencia por Colombia[5] ha venido documentando el comportamiento de la corrupción en el país. Citando al WORLD ECONOMIC FORUM[6] de 2007, señala que “La corrupción es el segundo factor que más dificulta la realización de negocios para las empresas colombianas, en la opinión de los empresarios”. Según esta entidad “El 91% de los empresarios considera que hay empresarios que ofrecen sobornos en sus negocios. El 11% de los empresarios afirma tener programas integrales y continuos e invierte recursos contra el soborno”[7].

Para 2009, Colombia “retrocedió al puesto 75 entre 180 países”[8] en materia de corrupción. En las mediciones del Índice de Transparencia Nacional, se reveló que “en 138 entidades públicas evaluadas, en el periodo 2007-2008, sólo cuatro, se ubicaron en bajo riesgo de corrupción, mientras el 41%, se situó en riesgo medio y 17% en riesgo alto y muy alto de corrupción”[9].

Alejandro Morales Tobón[10] anota que “En diferentes escenarios, algunas entidades de control del Estado han hecho una revelación escalofriante: el costo estimado del fraude en Colombia es de 4,2 billones de pesos al año”, pero que “esta cifra, de ser ajustada a la realidad, implica muchas cosas: que el costo del fraude, la corrupción, la mala administración, el despilfarro, la pérdida de economías de escala y toda la gama de atentados contra la eficiencia y la transparencia de la administración pública, le cuesta el equivalente de un salario mínimo mensual a una familia típica de 5 miembros. 4,2 billones de pesos equivalen a casi 2 veces el presupuesto total de Coldeportes, 2 veces el presupuesto del Sena y 1,8 veces el presupuesto del Icbf”. Dice que “estas comparaciones nos permiten dimensionar el tamaño del problema que enfrentamos como sociedad, en un país como el nuestro en el que tantas necesidades se encuentran insatisfechas por falta de recursos económicos. (…) Si se tiene en cuenta que los modelos de medición se basan en los fraudes conocidos, en las denuncias presentadas, en las encuestas de percepción y en otras variables imposibles de demostrar, es preciso admitir que los cálculos sobre el fraude tienen unos márgenes de error peligrosamente altos. Además, considerando que las cifras aportadas solo corresponden a los fraudes descubiertos y divulgados, deberá considerarse que la porción de hechos fraudulentos cometidos en contra de los intereses de la Nación y que no han sido descubiertos, podría ser eventualmente tan grande o más que la que ha podido ser identificada y medida en términos económicos”.

Según la Revista Cambio “En 750 entidades regionales y municipales, funcionarios corruptos han saqueado cuatro billones por concepto de regalías (Cesar se destaca por el mal uso de las regalías del carbón). Los procesos comprometen a 48.000 funcionarios, entre ellos 800 alcaldes y 30 gobernadores y, según la Procuraduría, esta es solo la punta del iceberg de la corrupción. Una encuesta que la Universidad Externado de Colombia adelantó entre un grupo representativo de empresarios sobre cuál es el monto de las comisiones que tienen que pagar para hacerse a un contrato o ganarse una licitación, indica que es del 13 por ciento en promedio. Basados en esta cifra, el zar anticorrupción Óscar Ortiz y un equipo de colaboradores calcularon que si el presupuesto general de la Nación es de 30 billones de pesos -presupuesto de este año-, por el solo concepto de coimas el Estado perdería 3,9 billones de pesos, cifra similar a la calculada por la Procuraduría. Según esto, la corrupción en materia de contratación pública duplicaría el costo anual de seguridad democrática -dos billones de pesos, en promedio, según el PNUD-, y superaría en 700.000 millones de pesos las reservas por 3,2 billones de pesos para contingencias: reparación a víctimas de la violencia, reliquidación de pensiones, pago de deudas por bonos pensionales y pago de sentencias judiciales. Con la misma suma podrían darse 152.113 subsidios de vivienda para personas marginadas, a razón de un poco más de 11,5 millones de pesos cada uno[11]”.

Estas escalofriantes cifras son una radiografía, si no precisa, al menos cercana de la decadencia de la moralidad pública en Colombia; y como se anotó, el desangre de las arcas públicas ocurre de manera más fluida mediante la contratación Estatal.

Pero este panorama no es solo de la gran urbe, sino que a nivel local, la corrupción también ha permeado nuestras instituciones y corrompido a los servidores públicos. Si bien es cierto no existe en el Departamento del Caquetá un registro sistemático de cifras en corrupción, si hace parte ya de la cotidianidad la noticia sobre presuntos actos de corrupción. Léanse los casos de la semaforización de Florencia, el cuarto puerto vehicular sobre la quebrada La Perdiz, las obras de mitigación, la “Vuelta del Cigarrillo”, la contratación de la gerenta del Hospital Comunal Las Malvinas con su esposo, la feria de contratos en la Secretaría de Tránsito, Transporte e Infraestructura del Departamento.

Esta dura realidad es quizá una causa y un efecto. La corrupción, a la que entiendo como una respuesta inescrupulosa ante la oportunidad de obtener un beneficio, puede ser una poderosa causa del subdesarrollo de los pueblos, de la pobreza de la gente y la injusticia social; y a la vez, puede ser el efecto de encomendar la administración de lo público a personas formadas con antivalores y desprovistas de visión colectiva de desarrollo. La corrupción es como una maleza que germina en un terreno abonado por la indiferencia social, la ignorancia de los administrados, y sobre todo, por la pasividad del ciudadano.

[1] Concepto de la investigadora principal.

[2] Abreviatura de común usanza para la expresión “Cómo voy yo”.

[3] Corresponde al 10% del valor del contrato que es la cuota que cobra el corrupto al oferente para que se le adjudique el contrato, o al contratista para ejecutarlo.

[4] Ibídem 5.

[5] Transparencia por Colombia es una organización sin ánimo de lucro creada en 1998, cuya misión es “liderar, desde la sociedad civil, esfuerzos sistemáticos de lucha contra la corrupción centrados en transformar nuestras instituciones públicas y privadas para que en Colombia podamos contar con organizaciones efectivas y confiables; con ciudadanos y empresas íntegros, y con servidores públicos probos que antepongan siempre el interés colectivo y rindan cuentas de sus actos. Para lograrlo, la Corporación busca construir coaliciones amplias con distintos actores; estar a la vanguardia en la generación y divulgación de conocimientos y prácticas anticorrupción, y contribuir con el fortalecimiento de una ciudadanía organizada, actuante y responsable”. [En línea]. Consultado el 28/08/2010 en <http://www.transparenciacolombia.org.co/QUIENESSOMOS/tabid/60/Default.aspx>

[6] Foro Económico Mundial.

[7] PRIMERA ENCUESTA SOBRE PRÁCTICA CONTRA EL SOBORNO EN EMPRESAS COLOMBIANAS 2007. Transparencia por Colombia y Universidad Externado de Colombia. [En línea]. Consultado el 28/08/2010 en <http://www.transparenciacolombia.org.co/LACORRUPCION/EnColombia/tabid/101/Default.aspx>

[8] Corrupción en Colombia ensucia cada vez más manos – Artículo -. Revista Semana Virtual. [En línea]. Consultado el 28/08/2010 en <http://www.semana.com/noticias-revista-de-radio/corrupcion-colombia-ensucia-cada-vez-manos/132426.aspx>

[9] Ibídem 10.

[10] CIFRAS DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN. – Artículo publicado el 27 de marzo de 2010 en EL COLOMBIANO.COM– Morales, Tobón Alejandro. [En línea]. Consultado el 28/08/2010 en <http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cifras_del_fraude_y_la_corrupcion/cifras_del_fraude_y_la_corrupcion.asp>

[11] CORRUPCIÓN EN EL CAQUETÁ Y PUTUMAYO SEGÚN LA REVISTA CAMBIO. –Artículo-. [En línea]. Consultado el 28/08/2010 en <http://www.editorialamazonico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3383:corrupcion-en-el-putumayo-caqueta-segun-la-revista-cambio&catid=36:noticias&Itemid=34>